La expulsión de un alumno es como el ingreso en prisión preventiva de un posible delincuente, pero al revés. Si a uno se le prohíbe salir de un recinto, al otro se le prohíbe entrar en otro, coincidiendo ambos en que la medida ha de servir para proteger a unos colectivos (sociedad, escuela) de los peligros que, de una forma casi natural e inherente, suponen estos individuos. Hasta aquí la cosa parece sencilla. El edulcorante, el matiz que nos ha de permitir el necesario descanso social, radica en la posibilidad de rehabilitación que dichas medidas propician, siempre y cuando el infractor acceda a ser otro, es decir, opte por ser alguien completamente distinto del que venía siendo.
Una fórmula matemáticamente impecable:
inquietud - inquietante = feliz navidad.
Ahora bien, el molesto escozor de la duda, el prurito en la espalda del paisaje educativo, nos lo debería provocar una pregunta que tal vez ensombrece un poco el consenso: en realidad, ¿a quién estamos expulsando? -o dicho de otra manera- ¿quién, o qué, lleva en su mochila el alumno expulsado?
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